Santo Domingo, D. N. – El Contralor General de la República, Félix Santana García, advirtió sobre la aplicación estricta de la Ley 311-14 concerniente a las Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos. En un comunicado emitido desde la Contraloría General de la República, Santana García declaró que las instituciones encargadas de hacer cumplir esta ley serán inflexibles con aquellos que la infrinjan.
“La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consultor Jurídico del Palacio Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Administración Pública están tomando medidas para garantizar que todos los funcionarios, independientemente de su permanencia o no en sus cargos, presenten sus declaraciones juradas a partir del 16 de agosto”, afirmó Santana García.
Recordemos que el Contralor General es miembro de la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, establecida por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona mediante el Decreto 343-22 del 6 de julio de 2022. Este decreto instruye a la Contraloría General de la República a no autorizar la inclusión en la nómina pública de los funcionarios del Poder Ejecutivo que no cumplan con el requisito establecido en la Ley 311-14.
La comisión, presidida por la titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, tiene la responsabilidad de recomendar al presidente de la República la aplicación de sanciones contra aquellos funcionarios que violen la obligación de presentar declaraciones juradas de patrimonio.
En otro orden de ideas, el Contralor informó que actualmente se están llevando a cabo 90 auditorías, 20 de las cuales se publicarán en los próximos días. “Estamos comprometidos en garantizar el uso adecuado de los recursos del Estado a través de un proceso continuo y sin descanso de fiscalización”, afirmó Santana García. También destacó el interés de los nuevos y salientes alcaldes por someterse a auditorías para evaluar y garantizar la transparencia en la gestión municipal.
El Contralor emitió estas declaraciones previo a su participación en el lanzamiento del programa de fortalecimiento de las capacidades de persecución de los principales hechos penales, con énfasis en la criminalidad organizada, la corrupción administrativa y la violencia de género, auspiciado por la Suprema Corte de Justicia.
